Uno de los principales impactos de la Ley 32069 se observa en la determinación de la Capacidad Máxima de Contratación (CMC) en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

En la práctica, diversos proveedores han experimentado:

• Reducciones significativas en su CMC.
• Mayor peso de los factores financieros en su cálculo.
• Dificultades para acreditar su experiencia en los términos exigidos.

Como resultado, se limita la posibilidad real de competir, incluso para empresas con trayectoria en la contratación pública.

Impacto en la competencia

Estas restricciones generan efectos directos en la dinámica del mercado estatal:

• Menor concurrencia de postores.
• Mayor participación de empresas con mayor respaldo financiero.
• Riesgos para el principio de competencia efectiva.
• Posibles afectaciones al valor por dinero en las contrataciones públicas.

Más allá del cambio normativo, la Ley 32069 está redefiniendo las condiciones de acceso al mercado estatal. En este contexto, la gestión y defensa de la CMC se convierte en un elemento relevante para los proveedores del Estado que buscan mantener su participación en los procesos de contratación pública.